Otro Julio López, no.

El martes 12, después de 34 años de cometidos los hechos de los que se imputa a los acusados, comenzó el juicio oral y público contra 11 agentes penitenciarios y 3 médicos de la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, la cárcel que cuenta con la pesadillesca particularidad de haber sido la que más presos políticos alojó durante la dictadura, habiéndo funcionado además como centro de tortura.
La demora en el inicio de la causa se debe, fundamentalmente, a internas entre los magistrados que debían intervenir en ella, generándose en el camino recusaciones, planteos de nulidad, y acusaciones cruzadas.
Se juzgarán más de 80 casos de torturas, donde dos de ellas fueron seguidas de muerte, contando además con 5 homicidios y 3 desapariciones.
Los imputados son Abel Dupuy, Elbio Cosso, Isabelino Vega, Víctor Ríos y varios agentes de plana menor. Los médicos, Enrique Corsi, Luis Savole y Carlos Jurio, quienes son imputados por no haber atendido en tiempo y forma a los torturados, quienes fallecieron.

Dos particularidades hacen a esta causa muy especial.
Por un lado, la creación por Dupuy de los pabellones denominados "De la Muerte", donde agrupó a las personas que denominó personalmente como "presos irrecuperables"; el pabellón 1, destinado a militantes de Montoneros, y el pabellón 2, destinado a militantes del PRT. Los siete muertos de la causa, procedían de esos pabellones.

Por otro lado, la colaboración innegable de Dupuy con las fuerzas armadas para poner en uso la llamada "ley de fuga", que era en realidad aplicada con el formato de un enfrentamiento fraudulento.
Detenidos del penal aparecían como fugados -gracias al aval de Dupuy, quien permitía su fingido traslado a diversos lugares-. Un caso emblemático fué el de Roberto Rufino Pirles, quien se dá cuenta de lo que le vá a suceder, y se despide de sus compañeros la noche previa. Al día siguiente, dentro de un móvil policial, en el partido de Brandsen, Pirles es fusilado por la espalda con aproximadamente 30 disparos de FAL.

La peculiaridad jurídica de esta causa es que los presos no estaban detenidos en centros clandestinos de detención, sino en una Unidad Penitenciaria, y por ende, eran presos políticos.

Pero esta causa, como si poco fuera, cuenta con otra peculiaridad de carácter grave: cuando anteriormente fuera imputado Abel Dupuy (Exptes. 3984, y 3988), recibieron amenazas:
- Octubre 2006, Juez Rozanski (juez que compone actualmente el jurado); llamados telefónicos con amenazas, procedentes de teléfonos a los que sólo tiene acceso el personal penitenciario, de la Unidad 2 de Devoto, y de la Unidad 27 Femenino.
- Mayo 2007: Juez Rozanski;
- Juez L. Schiffrin;
- Testigo Eduardo Zavala, quien brindó testimonio contra los funcionarios de establecimiento penal (sic: "no abrás el pico por nada porque sos boleta".

Para quien le interese, resulta imprescindible la lectura total (o, al menos, páginas 22 a 25) de la respuesta del Tribunal al incidente Nº 5016 donde la Defensora Oficial solicitó la excarcelación a favor de Juan Carlos Herzberg, la cual puede leerse aquí.

Los dichos de Juez Fleicher a punto 10) expresa:
"...Lo que queremos poner de relieve en el considerando anterior es que la forma en que se han producido los hechos y su falta de esclarecimiento (secuestro Fiscal Dulau Dumm, desaparición Julio López y demás amenazas, a eso se refiere) en la mayoría de los casos suponen una estructura articulada alrededor de estos juicios, una maquinaria, cuyos integrantes están en condiciones de ponerla en marcha en cualquier causa de las que se siguen en esta jurisdicción (La Plata). Su actuación, como vemos, es muy diversa, y de antemano no se puede saber con seguridad cómo van a actuar o sobre quiénes pesarán las intimidaciones, los secuestros o la ayuda a evitar el juzgamiento de los imputados".

Espero fervientemente que esta vez las autoridades estén a la altura de las circunstancias. El fallo citado es del 10 de Noviembre de 2009.